Skip to main content Skip to search

Nuestras necesidades colectivas exigen reconocernos como verdaderos agentes del cambio a través del involucramiento en acciones que impacten en nuestro contexto.

Las necesidades de nuestras ciudades sólo pueden ser resueltas con la participación del “ciudadano de a pie” que la conforma. Partiendo de que el núcleo de todas las soluciones es la ciudadanía. Ninguna estrategia pública tendrá efectividad sin el reconocimiento de que cada habitante conoce a plenitud las necesidades y solvencias de la comunidad, que estás sólo podrán ser resueltas con la participación de sus miembros y sus representantes.

Estamos convencidos que las cosas cambiaran cuando los ciudadanos sean quienes estemos en los lugares y puestos donde se toman las decisiones.

La participación ciudadana no debe limitarse a votar, a pagar impuestos y conducirse dentro de la ley; por el contrario, es el involucramiento en cada una de las decisiones, conveniencias y consecuencias de nuestra esfera pública. Por ello, urge lograr cuanto antes que más ciudadanos sean quienes ocupen los espacios clave de la administración pública y sus decisiones sean representativas de las problemáticas reales. Una vez ahí, apelamos al uso frecuente de los diversos mecanismos legales existentes (plebiscito, referéndum, consulta ciudadana e iniciativa popular) para convertirnos en verdaderos contrapesos de las decisiones que hoy toma la clase política que gobierna.

La convergencia y la diversidad de ideas enriquece absolutamente el proyecto común; en este sentido asumimos que la conversación con todas las partes nos permiten sumar para una práctica política que coincide en el bienestar de todos.

Las necesidades de nuestras ciudades sólo pueden ser resueltas con la participación del “ciudadano de a pie” que la conforma. Partiendo de que el núcleo de todas las soluciones es la ciudadanía. Ninguna estrategia pública tendrá efectividad sin el reconocimiento de que cada habitante conoce a plenitud las necesidades y solvencias de la comunidad, que estás sólo podrán ser resueltas con la participación de sus miembros y sus representantes.

Creemos que la política debe apoyarse en la tecnología como un instrumento que facilita la interacción ciudadana y el ejercicio de la función pública.

En nuestra modernidad el uso pleno de las redes sociales, las aplicaciones y el internet constituyen una valiosa forma de acercarnos a realidades antes desapercibidas. Apostamos por que el internet y las redes sociales sean la mejor forma de hacer campañas políticas, sin derroches de dinero ofensivos, sin mayores recursos que los humanos y la creatividad; apostamos por que las tecnologías sean utilizadas para facilitar la transparencia, el alcance masivo, el reconocimiento de las urgencias colectivas, que agilicen la interacción entre representantes y la ciudadanía, así como ser un medio de presentación de resultados, efectividad y exigencias del gobierno y la función pública.

Para llegar a esto es necesario garantizar el acceso del internet en la ciudadanía, crear y promover plataformas de expresión política colectiva, reducir la brecha digital existente y abogar por un lenguaje común que incluya el respeto, la tolerancia y la diversidad como pilares esenciales de comunicación.

El cargo público obliga a mostrar sin restricción qué hace, qué hizo y que pretende hacer con los recurso de la ciudadanía.

En nuestra modernidad el uso pleno de las redes sociales, las aplicaciones y el internet constituyen una valiosa forma de acercarnos a realidades antes desapercibidas. Apostamos por que el internet y las redes sociales sean la mejor forma de hacer campañas políticas, sin derroches de dinero ofensivos, sin mayores recursos que los humanos y la creatividad; apostamos por que las tecnologías sean utilizadas para facilitar la transparencia, el alcance masivo, el reconocimiento de las urgencias colectivas, que agilicen la interacción entre representantes y la ciudadanía, así como ser un medio de presentación de resultados, efectividad y exigencias del gobierno y la función pública.

Cualquier persona tiene derecho de acceso a la información de qué se está haciendo, se hizo y pretende hacer en el quehacer político y cargo público ejerciendo la rendición de cuentas. Gran parte de la confianza de los servidores públicos sucederá cuando logremos que la ciudadanía pueda acceder al uso y destino de los recursos que manejan sin opacidad de por medio. Por ello, apostamos no sólo por una campaña electoral con austeridad, apoyada en los recursos concedidos por la ciudadanía, sino además por la máxima y transparencia en el origen y el destino de estos.

El derecho humano como un instrumento que garantiza el desarrollo de los individuos debe ser ejercido en su máxima expresión.

En nuestra modernidad el uso pleno de las redes sociales, las aplicaciones y el internet constituyen una valiosa forma de acercarnos a realidades antes desapercibidas. Apostamos por que el internet y las redes sociales sean la mejor forma de hacer campañas políticas, sin derroches de dinero ofensivos, sin mayores recursos que los humanos y la creatividad; apostamos por que las tecnologías sean utilizadas para facilitar la transparencia, el alcance masivo, el reconocimiento de las urgencias colectivas, que agilicen la interacción entre representantes y la ciudadanía, así como ser un medio de presentación de resultados, efectividad y exigencias del gobierno y la función pública.

En un país y Estado donde la diversidad es a veces sinónimo de injusticia e inequidad de oportunidades, violencia y discriminación, los derechos humanos como principios de legalidad deben exigirse y aplicarse en todos los espacios necesarios para erradicar la desigualdad.

Las personas miembros de esta diversidad social deben dejar de ser mal llamadas grupos vulnerables y sujetos de asistencia, en su lugar, transitar y convertirse en sujetos de derecho, equidad y justicia que garanticen el pleno desarrollo de sus potencialidades. Defender, exigir y mejorar la aplicación de estos derechos es parte vital de nuestros principios ideológicos, no concebimos el ejercicio de la inclusión efectiva sin el respeto y ejercicio de los derechos humanos.

Creemos en una sociedad en donde cada uno de sus integrantes posean las mismas oportunidades y las diferencias de género no sean una barrera para obtenerlas.

En nuestra modernidad el uso pleno de las redes sociales, las aplicaciones y el internet constituyen una valiosa forma de acercarnos a realidades antes desapercibidas. Apostamos por que el internet y las redes sociales sean la mejor forma de hacer campañas políticas, sin derroches de dinero ofensivos, sin mayores recursos que los humanos y la creatividad; apostamos por que las tecnologías sean utilizadas para facilitar la transparencia, el alcance masivo, el reconocimiento de las urgencias colectivas, que agilicen la interacción entre representantes y la ciudadanía, así como ser un medio de presentación de resultados, efectividad y exigencias del gobierno y la función pública.

En un país y Estado donde la diversidad es a veces sinónimo de injusticia e inequidad de oportunidades, violencia y discriminación, los derechos humanos como principios de legalidad deben exigirse y aplicarse en todos los espacios necesarios para erradicar la desigualdad.

Una sociedad que por siglos ha normalizado la violencia sistemática y la desigualdad hacia las mujeres necesita ser transformada en otra que ofrezca igualdad sustantiva, acceso equitativo a las tomas de decisiones, seguridad plena y desarrollo del potencial sin mayores impedimentos que los que tienen el resto de individuos en la sociedad.

Abogamos y somos parte de esta lucha, como una transición urgente hacía el país y Estado que anhelamos, en dónde hombres y mujeres puedan gozar de la equidad de manera inherente. Así también por sumar esfuerzos que ayuden a deconstruir las actitudes y dogmas que han formado a miles de hombre y mujeres atrapadas en los discursos machistas que limitan y reproducen la desigualdad. Apostamos por la reeducación y la formación de valores en hombres y mujeres que establezcan nuevos paradigmas de convivencia e interrelación social, ajenos a los que históricamente han frenado la equidad del género.

Abogamos por desmitificar la práctica política y ejercer soluciones viables desde el sentido común y la solvencia de lo cotidiano.

Nuestra sociedad requiere de soluciones comunes para problemas comunes, alumbrado para calles oscuras, agua potable para dónde no llega, seguridad frente a la violencia, empleo frente a la incertidumbre, equidad frente a la desigualdad, justicia frente al atropello.

Rechazamos el uso de discursos con soluciones mágicas y nada objetivas, la incomprensión y la demagogia como estrategia de persuasión; en su lugar, elegimos una práctica política que pueda ser entendida lo mismo por el académico que por la analfabeta, por soluciones que surjan del propio lenguaje colectivo y que abonen a su solución objetiva, alcanzable, viable y sostenible de sus propios escenarios. La política es y debe ser siempre un instrumento para el bienestar colectivo y nunca una barrera para su desarrollo.

La función pública debe ser ejercida con vocación, convicción y un interés superior colectivo.

Por ello, ponderamos que las mujeres y hombres que la ejerzan cuenten con los perfiles y capacidades reales para el desarrollo de sus encargos, siempre bajo el principio del interés colectivo. En contraparte, debemos evitar que los encargos públicos sean botín de compromisos electorales, políticos o económicos. En esa intención es necesaria la implementación efectiva de mecanismos anticorrupción, evaluación, control y sanción. Renovar la forma en que puestos clave del gobierno eligen a sus titulares, dotando de mecanismos que eviten la imposición, faciliten contrapesos ciudadanos y que sean dirigidos por actores sociales sin influencia de intereses particulares.

Por otro lado, es necesario también el Servicio Público de Carrera y otras estrategias que permita a miles de burócratas homologar y dignificar sus salarios, aspirar al crecimiento interno de puestos y cargos, así como la preparación y capacitación continua que faciliten su desempeño y eficiencia en las tareas de la administración pública en aras de mejor la eficiencia del aparato gubernamental.

La inclusión es el objetivo en una sociedad donde la exclusión es lo cotidiano.

Ninguna sociedad puede nombrarse incluyente mientras sus diversos sectores no sean parte de la toma de decisiones particulares y colectivas. Por ello, gran parte de nuestra lucha se centra en lograr dar voz y representatividad a las minorías y grupos con intereses particulares que son porciones importantes de nuestro mosaico social.

Las personas con tatuajes, animalistas, ecologistas, runners, ciclistas, emprendedores, artistas, adolescentes, jóvenes, estudiantes y no estudiantes, madres y padres de familia, madres solteras, miembros de la diversidad sexual, personas con VIH, personas con discapacidad, adultos mayores, niños en situación de calle o en empleo infantil, entre otras muchas minorías requieren de soluciones a problemáticas particulares que generalmente son relegadas, poco o nada atendidas por la clase política, grupos que sin embargo, reflejan el dinamismo, la diversidad y composición general de nuestra sociedad y que al igual que otras prioridades es urgente y necesario atender, representar e incluir en las políticas y soluciones públicas para lograr el bienestar colectivo.